Desde el 11 de septiembre de 1973 hasta 1989, fue el lugar de reclusión que tuvo el mayor número de presos políticos de la región. El mayor número se concentró en 1973 y 1974. En los años siguientes, las detenciones disminuyeron notoriamente, con relativas fluctuaciones.

Calle Isabel Riquelme S/N

Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura; Catastro Ministerio de Bienes Nacionales

La mayoría de los detenidos provenían de distintas localidades de la provincia. Durante 1973 y también en 1974, fueron trasladados desde otras cárceles locales; por ejemplo, Yungay, Quirihue y San Carlos. En la década de 1980 llegaban desde recintos de la CNI o de Investigaciones. En los años 1973 y 1974, los detenidos eran frecuentemente trasladados al cuartel de Investigaciones de Chillán y/o al Regimiento de Infantería de Montaña Nº 9 Chillán y posteriormente a la isla Quiriquina. En 1977 eran trasladados a la Fiscalía Militar. En estos lugares, dicen los ex prisioneros políticos, fueron sometidos a torturas e interrogatorios y regresaban al penal en condiciones físicas y anímicas muy deterioradas. La cárcel de Chillán era un edificio antiguo, de dos pisos, en el cual los presos fueron mantenidos en celdas con un alto grado de hacinamiento. Los testimonios establecieron que al llegar al recinto carcelario los prisioneros eran incomunicados. Según los declarantes, en el año 1973 tal castigo se prolongaba en ocasiones durante tres o cuatro meses. En los años posteriores al golpe militar, la cárcel se utilizó como centro de detención de presos políticos que cumplían condenas de prisión, dictadas principalmente por tribunales militares. Las condiciones carcelarias variaron según los años. Como fue denunciado por los presos políticos, Gendarmería utilizaba en la década de 1980 diversas medidas de hostigamiento y presión; así en varias ocasiones los presos políticos eran mantenidos junto a la población común y varios presos fueron traslados desde Santiago como medida disciplinaria. Las condiciones de detención eran precarias. Al mismo tiempo, eran víctimas de continuos abusos físicos y verbales por parte de personal de Gendarmería y Carabineros. En esta cárcel, según los testimonios, hubo numerosos presos políticos incomunicados por semanas en pequeñas cuartos, sin luz ni abrigo, sometidos a vejámenes, amenazas y presión psicológica. Durante los primeros años eran frecuentes las amenazas de fusilamiento y golpes.